En una reunión en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, asistí a parte de una actividad convocada por los comerciantes no dependientes, de emprendedores y artesanos, de trabajadores que denunciaban estar siendo atropellados en sus derechos, cuando desde la Alcaldía de Caracas, se les obligaba casi en forma perentoria a firmar un contrato leonino donde las concesiones que hasta ahora eran ilimitadas, pasan abruptamente a sólo 2 años, y les exigen el pago de unas cuotas, diferentes a las inversiones, pagos y esfuerzos que ellos han realizado en su labor en varios mercados municipales, donde el peso de la gestión reside en los propios comerciantes, según explicaron.
De hecho, el Presidente de ATRAEM, Ismael García comento la afectación de este grupo y la Abogada Edith Peñaloza de Rangel, como Consultora Jurídica del frente de Trabajadores y Trabajadoras no dependientes en defensa al derecho al trabajo, señaló que la unilaterilidad y falta de consideración a los esfuerzos propios de muchas personas y familias que se ven pisoteados por este tipo de desmanes, es de poca legalidad a su entender. En este sentido, llaman a considerar la libertad individual, social y lo que se alega en otros contextos para el funcionamiento del libre mercado, cuando por otra parte cada día es condicionado cualquier desempeño y emprendimiento.
Conversé también con el Abog. Luis Alcalá que mostro otro escrito donde hace ver que desde 2009 la administración por ejemplo del Mercado La Hormiga, en el Cementerio, bajo la Administración de la Alcaldía de Caracas, y alegan ahora que sin tener libros, que faltan pagos, sin asumir lo que ello significa porque paradójicamente níngún funcionario destituido, preso ni investigado por las irregularidades que se señalan, por lo cual ahora justo en Octubre, introdujeron este escrito, y ya se reunió con la Síndico que por otro lado dice desconocer las situaciones anteriores, cuando igualmente lleva mas de 5 años en el cargo, siendo que es muy grave las falta a la ley, el desconocimiento de los procedimientos, irregularidades en los cobros, que finalmente lesionan a los trabajadores no dependientes y espera que en algún momento, alguien tenga la sensatez necesaria para revisar cuentas, permisos, asignaciones, concesiones y sanea la actual administración. Al finalizar el evento, se dió una movilización a la Defensoría
del Pueblo para introducir una carta con las firmas en respaldo para
solicitar un amparo y actuaciones que detengan la imposición de
cláusulas sin convenir o ni lógica dentro de lo previsible. Algunos de
los trabajadores establecen que para ellos un tiempo prudencial seria
por lo menos de unos 10 años, de manera sin depender tanto de los vaivenes
políticos por lo que supone los cambios bruscos en el quehacer laboral y la vida, entendiendo que pareciera todo lo que establece la ley sobre los contratos indeterminados está siendo vulnerado por el patrono Estado, en Venezuela y en falta de justicia a nivel nacional y hasta en lo internacional.
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